Hacia una Ley que proteja realmente a los animales

La aprobación del Anteproyecto de Ley de Protección de los Animales en el Consejo de Ministros del Gobierno de España es el primer paso de una norma ampliamente reclamada por asociaciones, colectivos animalistas y Sociedad Civil.

El pasado 6 de Octubre el Gobierno presentaba un borrador de propuesta legislativa para dotar a España de la primera Ley estatal que incidía sobre la protección y bienestar de los animales, con una serie de mecanismos destinados a prevenir situaciones de crueldad que ya estaban siendo aplicados en numerosos países europeos y latinoamericanos. España llega tarde, sí, pero parece que tiene interés por acelerar el paso.

El documento publicado en su momento incluía prohibiciones ya fijadas en varias comunidades autónomas, desde el fin de uso de animales silvestres en espectáculos circenses a la abolición del cruel tiro al pichón, contextos de violencia injustificables en pleno Siglo XXI pero que han levantado ampollas en algunos sectores socioeconómicos con intereses en el asunto.

Así, la respuesta de los grupos de presión era esperable y todos sus movimientos se encaminan a sembrar desinformación acerca del contenido del borrador legislativo y a reclamar abiertamente la retirada del mismo. Es decir, cazadores, taurinos y patronales agroganaderas no quieren prohibir el encadenamiento permanente de animales, que deban instruirse brevemente sobre cuidados y responsabilidades para convivir con uno o que se pueda sancionar con 30.000€ a quien deje a su suerte a un gato, perro o cualquier otra especie.

¿Qué medidas plantea el documento? A falta de su tramitación parlamentaria, el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales es incluir las siguientes medidas para prevenir la crueldad hacia los animales:

  • Sacrificio cero y obligatoriedad de registrar a los animales que convivan en una vivienda o cualquier otro espacio. Además se contempla la esterilización obligatoria cuando existan varios animales de la misma especie y distinto sexo. El objetivo, dice el ejecutivo, es prevenir camadas indeseadas, pero también que siga proliferando el comercio ilegal.
  • Un catálogo de sanciones con multas de hasta 600.000 euros, muy por encima de las Leyes autonómicas vigentes. Por poner un ejemplo, en la reciente Ley de Castilla-La Mancha la sanción más elevada es de 60.000€ por actos como podría ser el maltrato con resultado de muerte.
  • Punto y final a la categoría PPP (perros potencialmente peligrosos), sustituyéndose este concepto paracientífico y sin ningún rigor por exámenes individualizados de los animales que hayan tenido algún episodio violento. 
  • Veto a la venta de numerosas especies animales en tiendas donde, salvo algunos individuos, como peces, el borrador de Anteproyecto contempla acabar con la cosificación de perros, gatos, roedores, etc. que se producía en estos negocios. 
  • Prohibición del cruel tiro al pichón que ya estaba erradicado en comunidades como Galicia desde 2017, y que acaba con una violenta tradición de matar a aves por simple placer bajo la excusa de ser un “evento deportivo”.

Además, la proposición Ministerial incluye artículos sobre la explotación de animales en granjas peleteras, con la mirada puesta en el visón americano, acerca del papel que parques zoológicos y acuarios deberían desempeñar al menos en el medio plazo, y suma cuestiones ya suscritas por España en el llamado Convenio Europeo de animales de compañía, con la prohibición expresa de emplear los sádicos collares de descargas eléctricas y ahorcamiento.

Esta Ley es el punto de partida para una mayor protección de los animales con las condiciones que permite el actual contexto político. La Sociedad Civil va en muchas ocasiones a la zaga de las reivindicaciones, y la defensa de los animales es una de ellas. El poder legislativo tiene la obligación de escuchar, atender y dar una respuesta en forma normativa a estas, confrontando los intereses empresariales de lobbies que solo quieren que las cosas sigan igual, es decir, muy mal para los animales y muy bien para sus bolsillos.

 

Rubén Pérez Sueiras